El juez del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid ha ordenado el cese de la actividad y la prohibición en todo el territorio nacional de la empresa Uber porque, dice, los conductores carecen de autorización administrativa para desarrollar su actividad y su labor implica «competencia desleal». De esta forma, el juez responde a la medida cautelar que solicitó la Asociación Madrileña del Taxi como paso previo a la denuncia contra la empresa.
En su resolución, el juez asegura que se trata de una decisión basada en la legalidad vigente, puesto que la Ley de Competencia Desleal señala que, cuando se infringen normas que son exigidas para actuar en un mercado, la infracción es en sí misma una acción desleal. Y justifica que la decisión se tome sobre todo el estado porque Uber tiene «vocación transfronteriza» y voluntad «de ocupar de manera secuencial el mercado de transporte de viajeros sin reunir de momento los requisitos administrativos exigidos».
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